Sanciones por incumplimiento

Lo que realmente se sanciona no es lo que la gente supone

La suposición habitual es que la Directiva multa a una empresa simplemente por no tener un canal a partir de 50 empleados. No es exactamente lo que hace el artículo 23. Exige a los Estados miembros fijar sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias" para una conducta concreta — no por la mera ausencia de un canal, sino por lo que ocurre en torno a las denuncias una vez que existe la obligación:

• Obstaculizar una denuncia — dificultar o intentar dificultar que alguien denuncie.
• Represalias — contra una persona que ha presentado una denuncia o que está cubierta por la protección de la Directiva.
• Procedimientos temerarios — iniciar acciones legales de mala fe contra un informante.
• Vulnerar la confidencialidad — exponer la identidad de un informante incumpliendo el deber de mantenerla confidencial.
• Denuncias conscientemente falsas — las sanciones también se aplican a un informante que denuncia o divulga públicamente de forma consciente información falsa.

La aplicación de la obligación subyacente de tener realmente un canal en marcha (art. 8) no la aborda el propio artículo 23 — se deja a cómo haya decidido cada Estado miembro transponerla y hacerla cumplir. En la práctica, eso significa que el riesgo real no es "se nos olvidó montar uno y nos multaron por eso" — es lo que ocurre la primera vez que llega una denuncia y se gestiona mal, o sin confidencialidad, o con represalias contra quien la presentó.

Por qué no hay una única cifra que citar

La Directiva fija la exigencia de que las sanciones sean disuasorias; no fija ella misma los importes. Cada Estado miembro estableció su propio régimen sancionador — su propia autoridad competente, sus propias cifras, a veces sus propias categorías adicionales de conducta sancionada — al transponer la Directiva a su derecho nacional. Eso significa que una cifra real solo tiene sentido por país, y citar la cifra de un país como si fuera una cifra de toda la UE sería activamente engañoso. Las cifras específicas de cada país figuran en la guía propia de cada país dentro de la Directiva europea sobre denuncias, explicada — consulte la guía del país sobre el que realmente pregunta en lugar de asumir que se le aplica la cifra de otro país.

El lado del Reino Unido: sin régimen sancionador equivalente, pero con exposición real

El Reino Unido no tiene un equivalente al artículo 23 — ninguna norma fija sanciones vinculadas a un canal de denuncias, porque (como se trata en Reino Unido frente a UE: qué se exige realmente y dónde) allí no hay en primer lugar ninguna obligación de canal que hacer cumplir. La exposición ahí discurre en cambio a través de las reclamaciones ante el tribunal laboral: un despido vinculado a una divulgación protegida lleva aparejada una indemnización compensatoria sin límite, y sin período mínimo de antigüedad. No es una "sanción" en el sentido de la UE — ninguna autoridad impone una multa — pero la exposición financiera por gestionar mal esto es real de todos modos.

Por qué esto favorece tener un registro de auditoría real, no solo un canal

Como lo que realmente se sanciona es lo que ocurre alrededor de una denuncia — brechas de confidencialidad, represalias, mala gestión —, la protección más sólida no es solo tener un canal, es poder mostrar exactamente qué ocurrió y cuándo. Provoxis registra cada retención, cada aviso de represalia y cada supresión en la misma transacción de base de datos que la propia acción, de modo que siempre hay un registro de quién hizo qué y por qué, no solo un sistema que existe. Véase la guía de puesta en marcha para lo que tener listo antes de tener que depender de ese registro por primera vez.

Fundamento jurídico

• Art. 23, Directiva (UE) 2019/1937 — el régimen sancionador: obstrucción, represalias, procedimientos temerarios, brechas de confidencialidad, y denuncias conscientemente falsas, dejando a los Estados miembros fijar los importes reales.
• s.103A, Employment Rights Act 1996 — la indemnización compensatoria sin límite del Reino Unido por un despido vinculado a una denuncia, en lugar de un régimen sancionador al estilo del art. 23.