Proteger a la persona afectada

La Directiva también protege a la persona afectada, no solo al informante

Casi todo lo demás en esta base de conocimiento trata sobre proteger al informante — su anonimato, su confidencialidad, su protección frente a represalias. La Directiva protege por separado a la persona sobre la que trata realmente una denuncia. El art. 5(10) la llama "persona afectada": "una persona física o jurídica a la que se haga referencia en la denuncia o revelación pública como la persona a la que se atribuye la infracción o con la que se asocia la infracción." Un caso puede gestionarse con diligencia para el informante y aun así gestionarse mal para la persona afectada — son un conjunto de obligaciones distinto, no una nota a pie de página de las del informante.

A qué tiene derecho realmente

El art. 22(1) exige a los Estados miembros garantizar que las personas afectadas "gocen plenamente de su derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, así como a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, incluido el derecho a ser oídos y el derecho a acceder a su expediente." En términos sencillos: una denuncia es una alegación, no una conclusión. A efectos del proceso, la persona a la que se refiere no ha sido considerada responsable de nada a menos y hasta que una investigación lo establezca realmente, y tiene derecho a una oportunidad genuina de responder antes de que se alcance una conclusión — no a que se le informe de un hallazgo después de los hechos, como formalidad.

Por qué "derecho a ser oído" no significa "informado de inmediato"

El derecho a ser oído consiste en recibir una oportunidad real de responder antes de que se extraiga una conclusión — no es una garantía de ser informado en cuanto llega una denuncia. Informar demasiado pronto a la persona afectada puede comprometer la investigación antes de que haya tenido ocasión de reunir pruebas de forma independiente, o aumentar el riesgo de exactamente el tipo de represalia contra el informante que la Directiva busca evitar. Decidir cuándo incorporarla al proceso forma parte en sí de llevar bien la investigación — véase investigar bien una denuncia — no algo que deba hacerse por defecto en el momento más temprano posible.

La confidencialidad protege en ambos sentidos

Es fácil leer la "confidencialidad del canal" como algo que solo concierne al informante, pero la exigencia de seguridad del art. 9(1)(a) es más amplia que eso: los canales deben operarse de forma que "la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la denuncia esté protegida, e impida el acceso a ella al personal no autorizado." La persona afectada es exactamente ese tercero. El mismo grupo pequeño y deliberadamente designado tratado en designar quién gestiona las denuncias es el límite que determina quién debería saber que alguien ha sido nombrado en una denuncia abierta y sin resolver — no solo quién la presentó. Una acusación que resulta infundada, pero que se compartió informalmente más allá de ese grupo, ya ha causado un daño real a alguien a quien el propio proceso presume inocente.

Qué ocurre cuando la alegación no queda fundamentada

Un hallazgo no fundamentado es un resultado legítimo y habitual de una investigación diligente, no un fallo del proceso — véase redactar una retroalimentación conforme al art. 5(13) para saber por qué un resultado negativo claramente razonado sigue siendo retroalimentación real. La responsabilidad más silenciosa que trae consigo: no tratar de forma distinta a la persona afectada una vez exculpada, y aplicar la misma disciplina de conservación y acceso a su parte del registro que a la del informante — véase elegir una política de conservación para cómo se decide la vida útil de ese registro.

Cómo encaja Provoxis en esto

Provoxis no ejecuta un proceso separado para la persona afectada — los mismos mecanismos que protegen la confidencialidad de un informante se aplican simétricamente a cualquiera mencionado en una denuncia. El acceso al caso se limita a los mismos gestores designados, sea cual sea el asunto del caso; las notas de investigación son exclusivamente internas, nunca visibles para el informante ni compartidas automáticamente con la persona afectada tampoco; y cada acceso al caso queda recogido en el mismo registro de auditoría. No existe un límite separado y más débil en torno a la parte "del acusado" de un caso — es el mismo límite, aplicado a las dos personas que el caso realmente involucra.

Fundamento jurídico

• Art. 5(10), Directiva (UE) 2019/1937 — la definición de "persona afectada".
• Art. 22(1) — la presunción de inocencia y el derecho de defensa, incluido el derecho a ser oído y el derecho a acceder a su expediente.
• Art. 9(1)(a) — la exigencia de confidencialidad del canal, que se extiende a "cualquier tercero mencionado en la denuncia", no solo al informante.